Santo Domingo, RD
El abogado Ángel Lokward denunció que el Ministerio de Hacienda, a través del viceministro del Tesoro, le ha negado información sobre cuatro sentencias de expropiación con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (definitiva) obtenidas en esta administración, por un informe de auditoría de la Contraloría General de la República del que está apoderado la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de pagos hechos por el anterior Gobierno.
Sostuvo que le extraña que un Informe de la Contraloría, que constituye un acto administrativo, haya sido mantenido en secreto, ya que su validez depende de haber sido discutido con las partes previamente y notificado a los afectados, a pena de nulidad, conforme a la Constitución y a las leyes.
Indicò, además, que si ese informe contiene una auditoria especial relativa a casos ventilados en la pasada administración, resulta difícil entender que afecte a casos juzgados y tramitados en la actual gestión. Enfatizó que esos casos afectan a personas de edad muy avanzada y enfermos, que no tienen responsabilidad con los eventuales hechos atribuidos a otros.
El jurista puso en conocimiento la situación mediante una carta que envió hoy a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, de quien ponderó su desempeño en la magistratura, al externarle que como jueza dedicó su vida a la justicia.
“Espero que en sus manos esté garantizado el Estado de derecho que ha costado tanto tiempo ir construyendo pues es tan o más importante que la lucha en contra de la corrupción, y algunos ciudadanos lo vemos en los últimos tiempos muy debilitado”, señaló Lockward en la carta dirigida a la procuradora.
Medida cautelar
Lokward sometió ante la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) una instancia de solicitud de “medida cautelar anticipada de extrema urgencia”, en la cual pide ordenar provisionalmente la suspensión parcial del informe de la unidad antifraude de la Contraloría General, emitido el 23 de septiembre del 2021, sobre pago de expropiaciones.
En la instancia depositada en el TSA, Lockward alega que ese acto administrativo viola disposiciones de la Constitución, de la ley 10-07, de la Contraloría General, la ley 150-14, del Catastro Nacional, la ley 107-11, sobre los derechos de las personas y la ley 344, sobre expropiaciones, y el decreto 722, de 1975.
