Todo indica que la concesión de visas a los haitianos ha pasado a ser, en los últimos siete años, uno de los negocios más lucrativos para una mafia que las gestiona y vende en un “mercado negro”.
Llama la atención que, en ese período, del 2015 hasta mediados de este año, el 89 por ciento de las 818,885 visas concedidas por el país, haya sido emitida por los consulados dominicanos en Haití.
Una esmerada investigación de varios meses hecha por el LISTÍN DIARIO devela la existencia de una red paralela a los consulados, pero sin dudas en conexión con funcionarios, que promueve, diligencia y cobra comisiones por las visas.
Esto es una soberbia irregularidad a la cual debe ponérsele fin de inmediato, si de veras el gobierno quiere ejercer un mejor control de flujo de los haitianos que ingresan al país, tengan o no permiso oficial para ello.
En un país de tantos millares de ciudadanos indocumentados, carentes hasta de actas de nacimiento y cédulas de identidad, es curioso que se haya producido tan voluminosa expedición de visas, cuando se sabe que la frontera entre los dos países es demasiado vulnerable.
Algún negocio gordo se incuba en la existencia de esta red paralela y poco transparente que prácticamente ha capitalizado el total de las visas que emite el país en todos sus consulados del mundo, dejando una millonada de beneficios económicos.
Los que procede es una puesta en pausa de inmediato de las concesiones de visas en Haití, hasta que las autoridades puedan imponer mayores controles y neutralizar a la mafia que se ha enriquecido con ese negocio paralelo.
El primer paso debe ser el de colocar a los consulados dominicanos en Haití dentro del plan piloto para externalizar los servicios consulares, que en principio abarcaría a los de Boston, en Estados Unidos; Barcelona, en España y Caracas, Venezuela.
Y, consiguientemente, que la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción (PEPCA) abra una investigación para determinar si en ese entramado mafioso han intervenido funcionarios dominicanos, consulares o no.
Y consiguientemente, que la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción (PEPCA) abra una investigación para determinar si en ese entramado mafioso han intervenido funcionarios dominicanos, consulares o no.
