Un informe publicado este miércoles junto a la organización salvadoreña en defensa de Derechos Humanos Cristosal documenta detenciones masivas arbitrarias y torturas, así como muertes en custodia o desapariciones forzadas.
«Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han maltratado a comunidades vulnerables con violaciones generalizadas de los derechos humanos en nombre de la seguridad pública», ha lamentado Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
«Para poner fin a la violencia de las bandas y a las violaciones de Derechos Humanos, el Gobierno de El Salvador debe sustituir el estado de excepción por una política de seguridad eficaz y respetuosa con los derechos que otorgue a los salvadoreños la seguridad que tanto merecen», ha agregado la directora regional de la ONG.
«RETÓRICA DESHUMANIZANTE»
Asimismo, han criticado que el presidente del país, Nayib Bukele, haya respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad, promoviendo «una retórica deshumanizante contra los detenidos y sus familias».
También han señalado que existen razones para cuestionar la efectividad de estas medidas, ya que, en el pasado, las pandillas se han beneficiado del encarcelamiento masivo para reclutar nuevos miembros.
HRW y Cristosal han entrevistado a más de 1.100 personas, entre víctimas de abusos, familiares, abogados, testigos y funcionarios gubernamentales.
Con esta documentación, las organizaciones han descubierto que los agentes han cometido violaciones similares de forma repetida en distintas partes del país.
En muchos casos, las detenciones parecen basarse en la apariencia y origen social de los detenidos, sin contar en ocasiones con órdenes de registro o arresto.
Además, la ONG acusa a las autoridades de El Salvador de cometer desapariciones forzadas según el Derecho Internacional, ya que han notificado numerosos casos en los que los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos.
SUPERPOBLACIÓN EN LAS CÁRCELES
Policías y soldados han realizado cientos de redadas, particularmente en barrios de bajos ingresos, desde que se adoptó el estado de emergencia. Las autoridades han arrestado a más de 58.000 personas, de los cuales más de 1.600 han sido niños.
Así, la población en prisiones ha aumentado en nueve meses de 39.000 a 95.000 personas, más del triple de la capacidad oficial, critican las organizaciones de DDHH.
En este contexto, al menos 90 personas han muerto en custodia policial en circunstancias que todavía no se han investigado.
