El país ocupa el primer lugar de América Latina en embarazos en adolescentes, y el cuarto con mayor incidencia de uniones tempranas con personas adultas, según afirmó Tomas Polanco, coordinador de la Coalición de (ONG) por la infancia en el país.
Indico que el 59% de las niñas de escasos recursos se unen antes de los 18 años, y el 23% antes de cumplir los 15, con personas adultas entre los 40 y 60 años cifras muy por encima de la media regional.
Dijo que a pesar de los avances en materia legislativos de la prohibición del matrimonio infantil, y la voluntad política del Gabinete de Niñez y Adolescencia, junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolecencia (Conani), por garantizar la protección de los infantes, las cifras cada vez son más alarmantes, dado que, las uniones tempranas llevan a la deserción escolar, así como a pobres resultados escolares y niveles de alfabetización. En la mayoría de los casos van acompañadas por algún tipo de violencia sexual y psicológica.
“En estos casos es indispensable que la Procuraduría General de la República incorpore el enfoque de derechos humanos y el análisis de redes de macrocriminalidad para el rediseño de sus investigaciones ante la persecución de grupos criminales vinculados a la explotación sexual de niños y mujeres” expresó Polanco.
Recomendaciones ONGS
En búsqueda de soluciones, la coalición presentó un informe alternativo ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, destacando algunas recomendaciones para la restitución de los derechos de los niños y adolescentes, tales como el compromiso de actualizar la “Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños y Adolescentes”.
De igual forma, el trabajo de Conani y el Gabinete de Niñez y Adolescencia, para el seguimiento del proyecto de ley Crianza Positiva, Disciplina sin Castigo Físico y trato Humillante presentado en el 2019, ante la comisión permanente de asuntos de equidad de genero en la niñez, adolescencia y familia de la Cámara de Diputados del país.
De la misma manera la realización de un análisis integral del corpus de recomendaciones del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.
Con el propósito de establecer un mecanismo formal que permita planificar su incorporación al máximo de las posibilidades institucionales en la normativa nacional con el compromiso de implementación permanente en el paso de los tiempos.
