Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que el Gobierno “celebra” la designación de Boluarte como presidenta y tiene ganas de empezar a trabajar con ella y con su Administración.
Además, el portavoz elogió a las instituciones y autoridades civiles de Perú por “asegurar la estabilidad democrática”.
Boluarte juró este miércoles 7 de diciembre ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú y durante su primer discurso desde el Parlamento nacional sostuvo que “asumo de acuerdo con la Constitución de Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026″, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.
Más temprano el Gobierno de Joe Biden envió un comunicado en el que indicaba que “Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”.
“Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Peru funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”, agregaban.
Varios Gobiernos y la OEA rechazaron las decisiones del ahora expresidente peruano. La Cancillería colombiana invocó la democracia para manifestar su rechazo, al condenar “todo atentado contra la democracia, venga de donde venga”. Además, recordó que esta “requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso”.
En la misma línea se expresó su par chilena, quien lamentó “profundamente” la crisis política del país andino, e hizo un “llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El Gobierno ecuatoriano, además de expresar preocupación por Perú, exhortó a la comunidad internacional a facilitar el proceso democrático. Su canciller, Juan Carlos Holguín, formó parte del grupo de alto nivel designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que evaluó la situación política de Perú en noviembre.
En tanto, el Consejo Permanente de la OEA celebró en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y tildó de “una alteración del orden constitucional” las acciones de Castillo. Posteriormente, reconocieron a la abogada izquierdista Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, como nueva presidenta.
También desde el organismo, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expresó que “si bien es rechazable y condenable cualquier ataque a un Gobierno popular, también es rechazable e inaceptable cualquier intento de quebrar el orden constitucional”.
Por su parte, el Gobierno de Argentina hizo “un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”.
Antes de conocerse la destitución y detención de Castillo, el Ejecutivo de Costa Rica calificó las decisiones del expresidente como una ruptura del orden constitucional, y señaló que son “un retroceso en el proceso de diálogo democrático y negociación diplomática que se venía respaldando por parte de la comunidad internacional”.
De otro lado, el presidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, consideró las acciones de Castillo Terrones como “incompatibles con el conjunto normativo constitucional” de Perú, de acuerdo con la Cancillería, porque representan “una violación a la vigencia de la democracia y del Estado de derecho”.
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino”, pero que entiende “que todo caminó dentro de los moldes constitucionales”.
Lula, símbolo de la izquierda latinoamericana, dijo que espera que Boluarte “tenga éxito en su tarea de reconciliar el país y conducirlo por el camino del desarrollo y la paz social”.
El Gobierno español celebró el posterior “restablecimiento de la normalidad democrática” y recalcó que “siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”.
