SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió este martes de prisión preventiva a arresto domiciliario la medida de coerción a tres de los imputados del caso Coral.
Se trata del general Boanerges Reyes Batista, del Ejército; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada, y el mayor de la Policía, José Manuel Rosario Pirón, quienes guardan presión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo desde diciembre del 2021.
Los jueces Pedro Sánchez (presidente) July Tamariz y Daniel Nolasco acogieron los recursos de apelación de la variar la medida por una menos gravosa. Además, ordenaron la colocación de grilletes electrónicos a los tres encartados.
Waldo Paulino, abogado de Reyes Batista y Mata Flores, sostuvo que el tribunal entendió que con variar la medida de coerción a los tres imputados que llevaban 16 meses en presión, no afecta el desarrollo de la audiencia preliminar del caso Coral.
«El Ministerio Público no sabe investigar, al Ministerio Público el 90 por cierto de los casos se les caen porque se cogen los casos apasionadamente y lo que quieren es llevar un proceso de complejidad», señaló el jurista al concluir la audiencia.
Mientras que el órgano persecutor indicó que la prisión preventiva fue variada a pesar de que de los imputados presentaron los mismos argumentos con que un tribunal de primera instancia lo había mandado a la cárcel cuando solicitaron la medida de coerción.
«El tribunal, a pesar de que el Ministerio Público estableció que sus argumentos fueron los mismos que presentaron desde el inicio de la medida de coerción, así como las subsiguientes audiencias, los jueces acogieron los recursos de apelación de los imputados», manifestó el fiscal Miguel Collado.
Estos imputados están acusados de acusado de ser parte de una red que de defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos, desviados de cuerpos castrenses.
El alegado entramado de corrupción, que habría liderado el mayor Adán Cáceres, operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como también en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En este caso, hay 30 personas y 18 empresas imputadas.
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