Según los documentos de acusación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un sofisticado “call center” y una vez obtenían el dinero, lo lavaban y enviaban de vuelta a la República Dominicana.
Se alega que Castaños García supervisaba varios call centers en República Dominicana empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”.
La estafa comenzaba con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta que había tenido un accidente. Luego, un “cerrador” supuestamente hacía una segunda llamada, haciéndose pasar por abogado del nieto y solicitaba una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente.
Castaños García supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.
De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para que entregaran dinero en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de la víctima por un mensajero.
Estos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas.
En muchas ocasiones, el call center volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”.
En ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su banco para retirar más dinero. Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes.
CONTACTO CON AUTORIDADES
El público que sospeche haber sido víctima de este caso, u otras estafas contra envejecientes, debe comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.
PENALIDADES
El cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima. El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito conforme a las Guías de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.
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