Santo Domingo. – La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y ratificó la condena contra el Estado dominicano al pago de RD$10,912,792.00 a favor de Affe Gutiérrez Gil, quien fue víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.
Una indemnización sin precedentes
La sentencia, dictada el 29 de agosto de 2025, confirma íntegramente la decisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), convirtiéndose en la indemnización más alta en la historia judicial dominicana por prisión preventiva injusta.
El equipo legal de Gutiérrez —integrado por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco— calificó el fallo como “un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado dominicano”.
Por su parte, Affe Gutiérrez expresó que “no hay nada material que devuelva el tiempo perdido, y aún el órgano persecutor no ha pedido disculpas por el abuso cometido”.
Una década de abusos y retaliación
El calvario judicial de Gutiérrez comenzó en 2008, tras su matrimonio con la periodista Sarah Pepén. Fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a un proceso penal bajo cargos de homicidio, pese a la falta de pruebas.
En 2009, fue encarcelado preventivamente y permaneció más de dos años y medio en prisión, hasta que un testigo confesó haber sido sobornado para incriminarlo falsamente.
Durante ese tiempo, Gutiérrez sufrió intentos de asesinato, una huelga de hambre y vio nacer a su hija tras las rejas.
Reivindicación y precedente histórico
En 2020, presentó una demanda contra la PGR reclamando RD$100 millones por daños físicos, psicológicos y profesionales. El TSA reconoció que el Estado actuó con arbitrariedad y abuso de poder, ordenando la reparación moral, física y profesional.
La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena al considerar que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal y reafirmó que el Estado debe responder por los daños derivados del uso arbitrario de la prisión preventiva.
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos, pero devuelve la honra”, expresó su defensa tras el fallo final.
