La provincia de Dajabón enfrenta una de las más dolorosas paradojas del sistema educativo dominicano: mientras la Ley General de Educación 66-99 proclama el derecho a una educación de calidad, la realidad en los centros escolares muestra un panorama de abandono, improvisación y negligencia.
En la zona urbana, las aulas están abarrotadas de estudiantes, obligando a los maestros a enfrentar una carga horaria excesiva y condiciones que atentan contra la enseñanza efectiva. La sobrepoblación escolar no solo limita la calidad pedagógica, sino que también vulnera la dignidad de los niños y niñas que merecen espacios adecuados para aprender y crecer.
La situación se agrava en el barrio Norte, donde una escuela inconclusa se ha convertido en refugio improvisado para familias haitianas. Esta construcción, abandonada por las autoridades, no solo representa un símbolo de la desidia estatal, sino que también ha sido escenario de tragedias irreparables: tres familias perdieron a sus hijos en un accidente evitable, producto de la falta de medidas de seguridad en la obra. La ausencia de protección en un espacio destinado a la educación se transformó en un lugar de luto y vergüenza nacional.
¿Cómo puede el sistema exigir calidad cuando las aulas están sobrepobladas y los maestros desbordados? ¿Cómo hablar de justicia educativa si los centros escolares permanecen a medias, convertidos en ruinas que ponen en riesgo la vida? La respuesta es clara: estamos huérfanos de ministro y presidente, sin liderazgo que asuma la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la educación.
La crisis educativa en Dajabón no es un problema aislado, sino un reflejo de la falta de planificación y compromiso en todo el país. Urge que las autoridades retomen con seriedad la misión de la Ley 66-99, que no puede quedar como letra muerta. La educación de calidad no es un privilegio, es un derecho, y cada día que se posterga su cumplimiento se profundiza la deuda social con las familias dominicanas.
