Santo Domingo, 9 dic (EFE).-La Corte de Apelación de Puerto Plata anuló la sentencia anterior y ordenó nuevo juicio para el pelotero dominicano Wander Franco, condenado en junio en primera instancia a dos años de pena suspendida por cargos de abuso sexual y psicológico por mantener relaciones sentimentales con una menor de edad.
También la madre de la víctima, que fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y comercial y lavado de activos, enfrentará un nuevo juicio, informó este martes la Fiscalía.
Conoció recursos de las partes
El Tribunal adoptó esta decisión tras conocer los recursos de las partes contra la sentencia dictada el pasado 27 de junio por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata.
«Aunque el Ministerio Público pidió al tribunal que dicte su propia sentencia e imponga a (Wander) Franco Aybar una condena de cinco años de prisión por abuso sexual infantil en correspondencia con los hechos punibles que cometió, entiende que la reproducción nuevamente de las pruebas, permitirá tener condenas mayores en relación a los imputados», indicó la institución.
La condena en primera instancia
El beisbolista fue condenado en primera instancia a dos años de prisión, bajo suspensión de la pena, así como al pago de diez salarios mínimos y las costas penales del proceso.
Mientras que la madre de la víctima fue condenada a cumplir diez años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, al establecer el tribunal, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que la mujer incurrió en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.
Asimismo, en la sentencia anterior se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la procesada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, un depósito bancario de 2,100,000 pesos, así como 68,500 dólares y 800,000 pesos.
Igualmente, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. EFE
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