SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación presentada por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados de corrupción administrativa.
Además de Santiago Hazim, cumplen 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el alegado fraude a la ARS estatal, estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos, Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto que a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.
La sentencia, que fue leída al concluir la audiencia, a las 12:23 de la madrugada, confirma «en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados».
El tribunal estuvo presidido por la jueza Isis Muñoz e integrado por Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes determinaron que no han variado los motivos que dieron origen a la decisión adoptada previamentepor el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Al analizar el peligro de fuga, la corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, en consonancia con el principio de igualdad ante la ley.
CUESTIONA TRES EMPRESARIOS SIGAN EN CASA
A su salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó el fallo como «contrario a los intereses de la administración de justicia», tras mantenerse las medidas de coerción contra Acosta Sención, Pineda Perdomo y Read Estrella.
Señaló que la decisión favorece la impunidad de tres empresarios que, según afirmó, habrían recibido de manera conjunta alrededor de 16,000 millones de pesos en el presunto entramado de corrupción.
«VACAS SAGRADAS»
«Se refuerza la percepción de que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su poder económico y político», declaró.
Anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el fallo es «inconstitucional y abusivo», por limitar —según explicó— el derecho de la víctima a recurrir en apelación y a solicitar prisión preventiva contra los principales beneficiarios del proceso.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
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