SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las autoridades suponen que el nuevo fraude cometido aquí contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA) en perjuicio de pacientes de cáncer, supera los 3,700 millones de pesos.
El caso actualmente está en la etapa de conocimiento de medidas de coerción contra los imputados de dicha irregularidad, los cuales están detenidos como parte de la denominada “Operación Onco 14”. .
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo viernes 19 de junio dicho conocimiento.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y actual esposa de Lora Cruceta; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exauditora interna y externa de la institución.
Según informó el procurador adjunto Wilson Camacho, los acusados habrían manejado aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), monto que forma parte de la investigación en curso.
La cifra corresponde exclusivamente a los recursos vinculados al sistema de salud estatal dentro de una presunta red delictiva señalada por el Ministerio Público por la comisión de estafa, chantaje, lavado de activos y otras infracciones penales.
“El oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud (Senasa) aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, afirmó Camacho al concluir una audiencia este martes.
El aplazamiento fue solicitado por los abogados de la defensa, quienes alegaron la necesidad de más tiempo para analizar el expediente presentado por el órgano acusador.
En ese sentido, el Ministerio Público reiteró su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra los imputados, argumentando la magnitud de las pruebas recopiladas durante la investigación.
Camacho indicó que el expediente incluye múltiples imputaciones penales relacionadas con la supuesta estructura criminal.
“La calificación jurídica es amplia. Incluye estafa contra el Estado dominicano, chantaje, lavado de activos, entre otros tipos penales que forman parte del proceso”, señaló.
