En la República Dominicana se ha vuelto cada vez más evidente una práctica que genera descontento entre muchos ciudadanos: el cuestionamiento selectivo de las autoridades. Cuando un funcionario toma una decisión sobre un tema sensible, como la migración irregular haitiana, surgen inmediatamente voces de crítica, debates y exigencias de explicaciones. Sin embargo, cuando otros líderes aplican medidas similares o incluso más estrictas en sus respectivos países, el nivel de cuestionamiento parece ser muy diferente.
Muchos dominicanos se preguntan por qué al alcalde Santiago Riverón se le exige responder constantemente por las acciones que realiza frente a la presencia de inmigrantes irregulares en su municipio, mientras que líderes de otras naciones que han adoptado políticas firmes en materia de seguridad y control migratorio reciben menos críticas de ciertos sectores. Esta percepción de doble moral alimenta el malestar social y fortalece la idea de que existen criterios distintos según la persona o el contexto político.
El verdadero debate no debería centrarse únicamente en quién ejecuta una medida, sino en si dicha medida respeta la ley, protege los intereses nacionales y garantiza los derechos fundamentales de todas las personas. La ciudadanía tiene derecho a cuestionar a cualquier autoridad, pero también merece coherencia y equilibrio en los análisis. Criticar a unos mientras se justifica automáticamente a otros debilita la confianza pública y resta credibilidad al debate nacional.
Por otro lado, muchos ciudadanos consideran que el gobierno central ha mostrado debilidades en el manejo de asuntos estratégicos relacionados con la migración. Desde esta perspectiva, existe la percepción de que algunas decisiones presidenciales responden más a recomendaciones de asesores y dirigentes políticos que a las preocupaciones reales del pueblo. Cuando las autoridades parecen desconectadas de las inquietudes ciudadanas, crece la sensación de abandono y frustración.
La República Dominicana enfrenta desafíos complejos que requieren liderazgo firme, planificación y transparencia. No se trata de promover confrontaciones ni discursos de odio, sino de exigir políticas claras, coherentes y aplicadas con igualdad. El país necesita soluciones reales, no debates selectivos donde unos son constantemente señalados mientras otros quedan al margen del escrutinio público.
La crítica es parte esencial de la democracia, pero debe ejercerse con justicia y sin favoritismos. Si una acción merece ser cuestionada, debe cuestionarse sin importar quién la realice. Y si una medida es correcta y está respaldada por la ley, debe evaluarse con el mismo criterio para todos. Solo así podremos construir una sociedad más equilibrada, donde prevalezcan la objetividad, la responsabilidad y el respeto al interés nacional.
