SANTO DOMINGO.- Al cumplirse este 16 de agosto cinco años desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder, el Comité Institucional Codiano (CIC) dijo que, pese a la voluntad expresada por el mandatario de resolver la deuda de RD$390 millones que el Estado mantiene con 92 contratistas, los funcionarios responsables han sido «ineficientes, evasivos y en algunos casos obstruccionistas».
El arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, directivos del CIC, en un comunicado entregado a la prensa afirman que desde el año 2020 ha sostenido múltiples encuentros con funcionarios que han sido empoderados para resolver la deuda vieja con contratistas que entregaron obras terminadas y que tienen largos años siendo usufructuadas por el país.
“Reconocemos que el presidente Abinader ha dado prioridad a este tema, pero la negligencia y desinterés de algunos funcionarios han convertido esa voluntad política en un engaño administrativo que perjudica a ciudadanos que trabajaron con honestidad para el Estado”, expresan los directivos del comité.
Familia y Liberato señalaron particularmente al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) como la entidad que concentra el mayor número de expedientes de deuda sin resolver y de acuerdo con su valoración, en esa institución no solo se ha actuado con lentitud, sino que se han utilizado “triquiñuelas burocráticas” para entorpecer el proceso de pago.
DESAPARICIÓN DE DOCUMENTOS
Uno de los hechos más graves denunciados por los directivos del CIC es la supuesta desaparición de documentos públicos claves que el Ministerio de Hacienda requiere para tramitar los pagos, pero aseguran que el MIVED nunca ha realizado una denuncia formal ni ha informado públicamente de su desaparición.
“Estamos ante un posible caso de encubrimiento institucional, pues no se trata solo de negligencia, sino de la posible obstrucción deliberada de un proceso de pago legítimo y por eso hemos solicitado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue esta situación”, dice la declaración de Familia y Liberato.
Los representantes de los contratistas con deudas viejas por cobrar recordaron que “la omisión deliberada y la retención injustificada de documentos públicos podrían constituir faltas graves conforme a la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública”.
A seguidas hicieron hincapié en que “después de cinco años, lo que hay es dolor, frustración y una burla institucional a decenas de contratistas, muchos de ellos adultos mayores, que entregaron obras y aún esperan que se les pague, por lo que no es posible hablar de transparencia ni de respeto a la ley mientras se permita esta forma de impunidad silenciosa”.
El comunicado de los directivos del CIC concluye reiterando el compromiso de seguir acudiendo a las instancias legales y de movilizar la conciencia ciudadana para exigir justicia frente a un drama humano que afecta a profesionales de todo el país.
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