Dajabón, R.D. – El reciente aumento en el costo por crédito académico en universidades dominicanas como la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) ha encendido un debate sobre el acceso a la educación superior y la justicia social.
Para muchos estudiantes y sus familias, esta medida representa una carga económica excesiva que amenaza la continuidad de sus estudios. Jóvenes que dependen de trabajos informales, recursos limitados o apoyo familiar se ven ahora frente a un obstáculo que no refleja la realidad económica del país. La falta de transparencia en la explicación de estos incrementos genera aún más malestar y desconfianza.
La educación superior, reconocida como un derecho fundamental, no debe convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden costearla. Las universidades, como instituciones formadoras de profesionales, tienen la responsabilidad de garantizar políticas equitativas y humanas que prioricen el bienestar de sus estudiantes.
El llamado es claro: las autoridades universitarias deben revisar estos aumentos y abrir un diálogo sincero con la comunidad estudiantil. Asimismo, se exhorta al presidente de la República a intervenir en esta situación, velando por el derecho a la educación de los sectores más vulnerables.
Convertir la educación en un lujo inaccesible es una injusticia que limita el futuro de miles de jóvenes dominicanos. El país necesita que universidades y Estado trabajen juntos para asegurar que la educación superior sea inclusiva, justa y accesible para todos.
