SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró este miércoles que el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana.
Al participar en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el país, el funcionario reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.
“Desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó.
GOBIERNO COORDINA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCION
Díaz señaló que el Gobierno, a través del CONCLAFIT, está coordinando la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Dijo que esta considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.
ESFUERZOS ENTRE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
Además, indicó que se encuentra en la fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia como parte del plan estratégico del CONCLAFIT y la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero.
El funcionario dijo que esta guía incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores prácticas.
Además, busca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las disposiciones legales y unificando medidas metodológicas para fortalecer el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
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