Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El Defensor del Pueblo advirtió de la «necesidad de fortalecer» la respuesta del Estado, la coordinación interinstitucional, los mecanismos de protección y el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.
En el informe, «Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana», la institución identifica dificultades para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos, sociales y emocionales que pueden prolongarse durante años, insuficiencias en el acompañamiento a las familias y desafíos en la coordinación entre las instituciones.
El diagnóstico fue elaborado mediante una metodología que combinó revisión documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas, detalló la institución en un comunicado de prensa.
En la presentación, realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que la carga de la búsqueda recae con especial intensidad sobre las mujeres, principalmente madres, esposas, hermanas e hijas, quienes mantienen activa la búsqueda, movilizan a sus comunidades, recurren a los medios de comunicación y dan seguimiento a las autoridades.
«Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga», expresó.
En la actividad participaron la doctora Dalul Ordehi González, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC; Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, investigador principal del diagnóstico; Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos; el Dr. Julio Valeirón; la diputada Liz Mieses e Indiana Castillo, coordinadora interinstitucional de Alertas RD.
NECESIDAD DE RESPUESTA INTEGRAL
Para Ulloa las desapariciones no voluntarias no pueden abordarse «exclusivamente» como un asunto policial, debido a que involucran ámbitos como derechos fundamentales, salud mental, protección social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la información, justicia y responsabilidad pública.
Por el contrario, señaló que la protección efectiva de los derechos exige desarrollar capacidades, coordinar instituciones y ofrecer respuestas «oportunas, sostenidas y verificables».
Asimismo, reconoció como un «avance» la promulgación de la Ley número 25-26, que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada «Alertas RD».
Mediante esta legislación se dota al país de un marco para activar la búsqueda, coordinar la respuesta institucional y movilizar la colaboración de los medios de comunicación y de la sociedad, aseguró.
A pesar de ello, advirtió: «Una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión».
sp-am
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