SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público aseguró estar preparado para presentar ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional las pruebas con las que busca demostrar la responsabilidad penal de Hugo Beras, Jochi Gómez y los demás acusados en el proceso por presuntos actos de corrupción administrativa relacionados con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La audiencia, que estaba pautada para este martes, fue aplazada para el próximo 3 de septiembre de 2026, debido a cambios en la representación legal de algunos de los procesados y a que uno de ellos se presentó sin abogado.
El órgano acusador estuvo representado por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado.
MINISTERIO PÚBLICO PRESENTARÁ ALEGATOS Y TESTIGOS
A su salida del tribunal, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar afirmó que el Ministerio Público acudió preparado para iniciar el juicio y adelantó que en la próxima audiencia presentará sus alegatos de apertura y comenzará a presentar los testigos incluidos en su oferta probatoria.
Explicó que las defensas de Manuel Mora, Mariano Gustini y la empresa PagoRD solicitaron al tribunal una reposición de plazos, luego de que se produjeran cambios en la representación legal de algunos de los procesados.
Pérez Fulcar indicó que el tribunal rechazó la solicitud debido a que, según explicó, las defensas ya habían hecho uso de los plazos correspondientes.
Posteriormente, algunas barras de defensa interpusieron un recurso de oposición contra esa decisión, pero las juezas mantuvieron su posición y ratificaron que el proceso deberá comenzar el 3 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
ACLARAN SITUACIÓN DE LOS TESTIGOS
El representante del Ministerio Público también aclaró que las órdenes de conducencia dictadas durante la audiencia corresponden a testigos propuestos por las defensas y no a los presentados por el órgano acusador.
Precisó que los testigos del Ministerio Público que no pudieron asistir presentaron las respectivas excusas, mientras que aquellos que sí acudieron quedaron formalmente convocados para las próximas audiencias.
“El Ministerio Público tiene todos sus testigos y los irá reproduciendo uno a uno de acuerdo con el orden de pruebas depositado en el tribunal”, explicó el fiscal.
TRIBUNAL APLAZA EL JUICIO
Las juezas Arlín Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, decidieron aplazar la audiencia debido a que dos de los acusados no contaban con representación legal o habían cambiado su defensa técnica.
El tribunal también rechazó la reposición de plazos solicitada por las defensas y ordenó la conducencia de aquellos testigos que fueron debidamente notificados y no comparecieron a la audiencia.
Con esta decisión, el tribunal dejó establecido que el juicio deberá iniciar el próximo 3 de septiembre de 2026.
LOS ACUSADOS Y LA ACUSACIÓN
Los procesados fueron enviados a juicio en junio pasado por decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. De acuerdo con la acusación, los imputados se exponen a penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser encontrados culpables.
Entre los principales acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.
También fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
La acusación incluye además a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini; Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
En el proceso también figuran las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
MINISTERIO PÚBLICO ATRIBUYE MANIOBRAS FRAUDULENTAS
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los procesados habrían conformado una estructura integrada por funcionarios públicos, exservidores estatales y particulares que, mediante supuestas maniobras fraudulentas, habrían vulnerado los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen las contrataciones públicas.
El órgano acusador sostiene que la estructura habría utilizado sociedades interpuestas, prestanombres y documentos presuntamente falsos para controlar el proceso de licitación y lograr la adjudicación irregular de un contrato valorado en RD$1,317,350,997 a favor de empresas vinculadas a Jochi Gómez.
No obstante, las imputaciones deberán ser demostradas durante el juicio y los acusados conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva establezca su responsabilidad penal.
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