SANTO DOMINGO. Los gobiernos de China y Estados Unidos protagonizaron un intercambio de declaraciones a raíz del cierre de una fábrica de cartón de capital chino que operaba en Santo Domingo y que, según las autoridades dominicanas, presentaba “irregularidades legales, laborales y de seguridad”.
La controversia surgió luego de que el Gobierno estadounidense felicitara a las autoridades dominicanas por ordenar el cierre de la instalación. La Embajada de China en el país cuestionó este pronunciamiento y lo calificó como un intento de aprovechar un asunto interno para afectar las relaciones entre República Dominicana y China.
PRONUNCIAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS
Juan Pablo Segura, encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica.
El encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Juan Pablo Segura, expresó su reconocimiento a las autoridades dominicanas “por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china».
El funcionario emitió este criterio en un mensaje publicado en la red social X, el cual fue reproducido por la Embajada estadounidense.
Señaló que no se debe permitir que empresas operen sin los permisos correspondientes, mantengan depósitos ilícitos de combustible o evadan las leyes laborales mediante la contratación irregular de trabajadores extranjeros.
«Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho», agregó.
CHINA RECHAZA
Parte frontal de la sede de la Embajada China en República Dominicana
La Embajada de la República Popular China reaccionó a estas declaraciones estadounidenses mediante un comunicado en el que calificó el cierre de la fábrica como un caso particular de aplicación de las leyes dominicanas.
Consideró que el asunto fue aprovechado por Estados Unidos para «sembrar cizaña» en las relaciones entre China y República Dominicana.
Asimismo, sostuvo que la aplicación de las leyes dentro del territorio dominicano constituye un asunto interno que no necesita felicitaciones ni pronunciamientos de una potencia extranjera.
«La aplicación normal de la ley dentro de su territorio constituye un asunto interno que no necesita de ninguna fuerza externa que pretenda dictar pautas, arbitrar ni emitir felicitaciones con aires de superioridad», expresó la Embajada.
China también defendió la cooperación económica y comercial con República Dominicana, al asegurar que se desarrolla bajo principios de apertura, transparencia y beneficio mutuo.
DEFIENDE A EMPRESAS CHINAS
La Embajada aseguró que el Gobierno chino exige a sus ciudadanos y empresas establecidos en el extranjero cumplir estrictamente las leyes y regulaciones de los países donde operan.
Indicó que respeta la aplicación de las disposiciones legales por parte de las autoridades dominicanas, pero advirtió que también defenderá los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos y empresas.
La representación diplomática afirmó que la gran mayoría de los negocios de capital chino establecidos en República Dominicana opera conforme a las leyes y contribuye a la generación de empleos.
TRABAJO ORDENÓ SUSPENDER 24 EMPRESAS CHINAS
La controversia se produce después de que el Ministerio de Trabajo dominicano ordenara, el pasado 20 de octubre, la paralización de las operaciones de 24 empresas de capital chino, al considerar que representaban un peligro inminente para la seguridad y la integridad de sus trabajadores.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó que las medidas fueron adoptadas tras un proceso de inspección que abarcó 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos.
Durante las inspecciones, las autoridades identificaron incumplimientos relacionados con los derechos laborales, el descanso semanal, el pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud ocupacional.
También determinaron que 33 de las empresas inspeccionadas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre la proporción de empleados nacionales y extranjeros, que establece que al menos el 80 % de la plantilla laboral debe estar integrada por trabajadores dominicanos.
sp-am
